La planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad Este, el colegio concertado que se construirá en Meco y la adecuación de los impuestos municipales al IPC fueron algunos de los principales asuntos que se trataron en el Pleno celebrado el pasado 30 de octubre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Meco.
“La Mancomunidad Este no ha solicitado que la planta de tratamiento de residuos por plasma este en Meco”. La concejala de Calidad Ambiental y vicepresidenta de la Mancomunidad, Beatriz Palomo, aseguró en el Pleno que no ha llegado ninguna solicitud por parte de la entidad que engloba a 26 municipios para construir este complejo en el municipio. La nueva se conoció en el pasado pleno del 30 de octubre tras una moción socialista que solicitaba la pronunciación del Pleno ante la posible instalación y construcción de esta planta en Meco. El PP se abstuvo en la votación con la argumentación contundente de la edil popular: “La planta no va a venir a Meco, no se le ha pedido que venga. No voy a discutir sobre algo que no existe”.
Las tasas municipales
Otro de los protagonistas del encuentro fueron las tasas municipales. Más de once mociones estuvieron dedicadas, exclusivamente, a la modificación y adecuación de las ordenanzas y tasas municipales con respecto al IPC. El alcantarillado, las licencias urbanísticas, la recogida de vehículos y animales de la vía pública o el impuesto sobre instalaciones y obras son algunos de los aspectos que fueron modificados, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en Meco. Por su parte, el PSOE se abstuvo en todos los puntos excepto en dos de los impuestos, según argumentó el portavoz socialista por “los beneficios sociales”. Una de las tasas a las que votaron negativamente es el controvertido Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI. El PSOE expuso en el Pleno que es “muy exiguo que sólo se bonifique a las familias numerosas. Nosotros queríamos que las bonificaciones fuesen más amplias, por ejemplo, también para los mayores de 65 años”. A lo que el alcalde popular, Pedro Luis Sanz Carlavilla, respondió: “Esas modificaciones no se pueden hacer por ley, la norma lo impide, según el artículo 73 y 74”. La otra modificación a la que se opusieron en el PSOE (por los mismos motivos: los beneficios sociales) es la referente a la Escuela de Música. El gobierno local explicó a los asistentes al Pleno que la ordenanza es de hace cinco años y, actualmente, existen servicios que se están prestando (la danza) y que no están recogidos, por eso se lleva a cabo este cambio. Sin embargo, Carlavilla quiso destacar esta tasa no se iba a adecuar al IPC como el resto, al igual que las demás tasas culturales, sociales y deportivas, que están congeladas a día de hoy.
El colegio concertado
Por otra parte, el principal partido de la oposición, llevó al Pleno el tema del colegio concertado. Recuerden que en septiembre se aprobó la cesión gratuita de una parcela para que la Comunidad de Madrid construya un colegio concertado. El PSOE quiso remarcar que ningún colegio nace como concertado, sino que se crea privado y, a continuación, se concierta. En cuanto al canon que la empresa que gestione el centro deberá pagar, los socialistas afirmaron que iba a ser la Comunidad de Madrid y no el Ayuntamiento la que percibiese ese canon y que, por tanto “no se entiende que lo quieran construir porque el consistorio no va a ganar nada con ello”. De nuevo, el regidor contestó al portavoz socialista y argumentó que este centro “sí nacerá como concertado directamente”. Respecto al canon explicó: “Estaremos representados en la licitación y hemos hablado con el viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid que nos ha asegurado que sí va a repercutir en el Ayuntamiento de Meco”.
“La pregunta”
El pleno concluyó, por último, con una pregunta realizada por un vecino del municipio llamado Pedro J., del diario El Pañuelo. Para entenderla, debemos ponernos en antecedentes. Este mismo mes, salía publicado en el Foro de la Asociación de Vecinos de Meco Nuestro Pueblo, la siguiente información:
· “Con fecha jueves o viernes, pude sacar del registro mercantil unos datos de PEDRO LUIS SANZ CARLAVILLA, esos datos eran referente a que figura en dicho registro como Administrador mancomunado y apoderado de una sociedad llamada ECOLAND PARTNER S.L. Cuyo objeto social son de carácter inmobiliarios. (…) En el caso de ser nuestro alcalde la persona en cuestión le quitaría legitimidad en su defensa del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), pues podría ser un futuro beneficiado. Pedro J. diario el pañuelo.”
Ante esta información, le preguntó al alcalde en el Pleno si, al ser un cargo público, había solicitado la compatibilidad con esta responsabilidad. El primer edil, sin dudar, zanjó la cuestión rápidamente contestando: "No hay que solicitarla, porque para los altos cargos municipales viene por ley marcado las actividades que son compatibles y las que no. Se cumple escrupulosamente la legalidad”. Según explicó Carlavilla, para finalizar, “un alto cargo puede tener hasta un 10 por ciento de una empresa que tiene un contrato con el Ayuntamiento, aunque este no es el caso”.
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